Por Victoria Villarruel
Para LA NACION
Para LA NACION
Lunes 19 de mayo de 2008 | Publicado en edición impresa
En la Argentina existieron diecisiete organizaciones armadas, cuyos integrantes terminaron, en gran parte, fusionados en Montoneros o en el ERP. Ellos recurrieron a los atentados como una táctica en su lucha para obtener el poder. Fueron responsables de más de 21.655 atentados terroristas.
Durante años hemos escuchado que la acción de estas organizaciones armadas estaba justificada, ya que tenían el legítimo derecho de rebelarse contra la opresión. Sin embargo, este argumento no puede sostenerse cuando se trata de explicar el desmedido aumento de las actividades terroristas durante el gobierno constitucional del presidente Héctor J. Cámpora, que les había concedido una amplia amnistía, ni en el del mismísimo Juan Domingo Perón, por quien muchos terroristas estaban dispuestos a dar la vida.
Las víctimas de estos actos terroristas continúan sin gozar de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la paz. El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) trata de subsanar esta terrible injusticia. Investiga los casos, los documenta, entrevista a las víctimas, a sus familias, recopila material de época y difunde, tanto en la Argentina como en el exterior, lo que realmente ocurrió aquí, cuando las organizaciones terroristas agredieron a toda la sociedad.
El Celtyv participa de las actividades organizadas por entidades similares de otros países, porque las víctimas del terrorismo son iguales, sean de la Argentina, España, Colombia o de cualquier parte del mundo. Es una forma de afianzar los lazos y de transmitir la experiencia argentina, poco y mal conocida en el exterior, principalmente por la única y parcial versión difundida por organizaciones relacionadas con los ex combatientes de las organizaciones armadas.
¿Por qué el título de este artículo habla de un mensaje de esperanza? Porque ésta surge de las víctimas del terrorismo internacional que, habiendo sufrido una de las experiencias más traumáticas que el ser humano puede soportar, son pruebas vivientes de que cuando la vida se encara con voluntad, con esperanza y con fortaleza, se logran cosas nunca imaginadas. A pesar de las bombas, de los secuestros y los asesinatos, el terrorismo no puede quitarles a las víctimas y a sus familias la esperanza de vivir y de acabar con ese terrible flagelo.
Aquí, en la Argentina, sin embargo, la situación de las víctimas del terrorismo es realmente complicada. Parece difícil de concretar el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo. Los derechos humanos en la Argentina son interpretados en forma tan restrictiva que sólo se aplican a los combatientes de las organizaciones terroristas. Alguien que puso bombas y asesinó a inocentes puede entablar un juicio contra el Estado, puede lograr la prisión y la condena de quienes lo reprimieron y, además, percibir una indemnización, pero sus víctimas, los ciudadanos argentinos y extranjeros que un día fueron protagonistas de un hecho que modificó irreversiblemente sus vidas, no sólo no gozan de ninguno de estos derechos, sino que están impedidos de recibir el reconocimiento moral de la sociedad.
En nuestro país, las víctimas del terrorismo son observadoras del sinsentido de las actitudes gubernamentales. Mientras que se encabezan marchas en el extranjero por Ingrid Betancourt, el Gobierno elude condenar claramente a las FARC y a los aliados políticos que tienen en nuestro país. Mientras se habla del respeto a los derechos humanos, se tolera la presencia de funcionarios públicos que en el pasado han sido combatientes de organizaciones terroristas. Mientras el Estado argentino presume de vanguardia en la lucha contra la impunidad, como lo hizo en el examen periódico universal de la ONU, las víctimas del terrorismo se encuentran en una situación de total violación a sus derechos humanos.
Todas estas acciones están acompañadas por la connivencia entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos. Estos deberían ser organismos no gubernamentales de control de la acción política del Gobierno, y no como pareciera, entes prebendarios destinados a acompañar su gestión política y a impedir el ejercicio de los derechos humanos para las miles de víctimas del terrorismo. "Un Estado de Derecho que viola los derechos humanos pierde su condición de Estado democrático", (juez Rozansky, citado en el libro El alma de los verdugos , de Baltasar Garzón y Vicente Romero, 2007.)
El debate que plantea el Celtyv ayudará a hacer patente la presencia de quienes sufrieron la acción terrorista y a facilitarles que se expresen. También contribuirá a desalentar las prácticas terroristas.
Desde el punto de vista de las víctimas, no existen diferencias entre las que produjeron las FARC, la ETA, Montoneros o los grupos terroristas islámicos. Independientemente del papel social que cada víctima tenía, todas se levantaron como siempre un día y repentinamente su vida cambió para siempre, por la acción de personas convencidas de la legitimidad de sus actos, pero que, en definitiva, respondían a los intereses políticos de un tercero.
Damos nuestro agradecimiento a las víctimas que se animan a ofrecer su testimonio y que vencen el terror y el miedo día tras día, pues quienes han sufrido este tipo de traumas suelen protegerse del profundo dolor que soportan, al negar la realidad y sumir lo ocurrido en el olvido.
Celtyv invita a sumar esfuerzos, a participar, a comprometerse y a apoyar su tarea. Sólo con el trabajo de muchas voluntades se podrá cambiar la situación actual para tornarla más justa, lograr el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo y dar un paso hacia el futuro, para dejar este doloroso pasado atrás, y encarar un mañana mejor para todos los argentinos.
La autora es presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas ( info@victimasdeargentina.com ).
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