COLUMNA DE OPINIÓN EN EL DIARIO EXPRESO DE PERÚ

3 de enero de 2010

MUSEOS SIN MEMORIA

Victoria Villarruel para El Expreso

Las víctimas del terrorismo, como todos aquellos que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos, poseen derechos que deben ser garantizados en su ejercicio por el Estado.

El Derecho a la Verdad es uno de ellos, el cual no se trata solamente de un derecho individual que toda víctima o sus parientes pueden ejercer, sino que también es un derecho colectivo que tiene su origen en la historia, para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan (1).  Representa la prerrogativa de la sociedad de compartir el dolor de las víctimas, saber quiénes fueron los responsables de los crímenes terroristas y conocer la historia de su país sin parcialidad ni garantías de impunidad.

Una de las formas de documentar los hechos es hacerlo a través de los Museos de la Memoria, como popularmente se conoce a estos sitios para generar consciencia colectiva sobre una agresión generalizada contra la sociedad. Allí deberían plasmarse los testimonios de las víctimas, la existencia de los responsables y el entorno histórico de la época.

Sin embargo, la experiencia de los Museos de la Memoria en la región, no ha respetado la objetividad ni la totalidad de los procesos históricos vividos.Un caso tipo, es el de Argentina, donde se han creado varios Museos de la Memoria, pero allí se encuentran únicamente representadas aquellas personas que sufrieron abusos del Estado. Nada se menciona de las más de 15.000 víctimas del terrorismo que aún esperan Justicia, ni de los 21.600 atentados terroristas cometidos durante 10 años, tanto en gobiernos democráticos como de facto.  Solo existe la construcción de una memoria acomodada a la versión ofrecida por los integrantes de las organizaciones armadas que agredieron a la población, mediante la comisión de aberrantes crímenes terroristas.  Esta situación se repite en otros países, donde no se incluye la voz de las víctimas ni se las hace partícipes de las decisiones o de las Comisiones que los crean, a pesar de ser las principales afectadas por los crímenes de lesa humanidad, por estar indefensas y ser atacadas con alevosía.  Los gobiernos democráticos deben proteger los derechos de la población civil.

Por ello, ante el debate generado en Perú por la futura creación de un Museo de la Memoria, creemos fundamental brindar una visión completa de la historia reciente, donde las víctimas ocupen el sitial de privilegio para transmitirle a las nuevas generaciones que el terrorismo no es una elección para alcanzar el poder; no hacerlo sería escribir una elegía al terrorismo.

(1) M. Louis Joinet – Relator de la ONU.

La autora es Abogada y Presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas de la República Argentina.