Victoria Villarruel
Para LA NACION
Martes 28 de abril de 2009 | Publicado en edición impresa
En la Argentina, hubo un tiempo en que las sentencias las impartían las organizaciones terroristas. Eran sentencias de muerte. El domingo 28 de abril de 1974, el brazo del terror bajó el martillo contra un juez de la Nación, Jorge Vicente Quiroga.
Ese día, quien había sido uno de los jueces de la Cámara Federal en lo Penal pagó con su vida haber juzgado, condenado o absuelto a los terroristas que agredían a la población civil en nombre de una lucha armada que ellos creían justa y necesaria. Quienes debían estar tras las rejas, gozaban de la libertad irrestricta que les había otorgado la amnistía concedida durante el gobierno del Dr. Cámpora, refrendada por quien en ese entonces era ministro del Interior y hoy procurador de la Nación, el Dr. Esteban Righi.
Quiroga caminaba hacia la casa de otro colega, con el cual irían juntos a la cancha a ver un partido de Boca. Pocos metros antes de llegar a destino, dos jóvenes en moto le dispararon y nueve balas impactaron en su cuerpo. Murió asesinado a los 48 años. Sus asesinos, integrantes del ERP 22 de Agosto, escaparon, pero sus nombres quedaron para siempre unidos al crimen: Marino Amador Fernández y Raúl Argemi.
El muerto había sido elegido por sus méritos para integrar la Cámara Federal en lo Penal, un plan innovador para la época, que se adelantó a España e Italia en el juzgamiento de ETA y las Brigadas Rojas. Significó una modernización del sistema, para poder juzgar con celeridad los actos terroristas. Esa Cámara tenía competencia para juzgar todos los delitos calificados como subversivos, garantizando la defensa del imputado. Así, el crimen del empresario italiano Oberdan Salustro pudo ser resuelto en 11 meses. La labor de los jueces no fue de persecución ideológica: la prueba es que no hubo una sola condena por la ley 17.401, de represión del comunismo. Los terroristas ni siquiera eran esposados, como detallaron las crónicas de la época.
Se podrá discutir la oportunidad de iniciar esta experiencia durante un gobierno de facto, pero es incontestable que se respetaron todas las garantías procesales durante el poco más de año y medio de trabajo y que, una vez dictada la amnistía, en mayo de 1973, todos los terroristas que habían sido condenados o estaban siendo procesados fueron liberados y retomaron el camino de las armas.
Los asesinos del juez Quiroga fueron juzgados y condenados a 18 años de cárcel, pero apenas cumplieron unos años. Los restantes miembros de la Cámara Federal en lo Penal sufrieron persecución y amenazas, lo cual provocó que se exiliaran. Al ser desarticulada la Cámara, los terroristas lograron uno de sus más preciados objetivos: la impunidad, porque ningún juez se atrevería en adelante a condenarlos. A 35 años del asesinato de este magistrado, observamos con preocupación que continúan impunes, libres entre los ciudadanos. Algunos ocupan cargos públicos.
El Poder Judicial sigue siendo presionado por algunos de los que en el pasado integraron estas organizaciones terroristas y que hoy, con la suma del poder público, amedrentan a todos los que no responden a su línea argumental en esta tragedia nacional. Otros, simpatizantes de las ideas mesiánicas de los terroristas, aportan su granito de arena a la disolución de uno de los pilares de la República: la independencia del Poder Judicial. Una muestra de la maquinaria creada para garantizar la impunidad de quienes atentaron contra las instituciones del Estado fue la Resolución 158/07, por la cual el procurador Righi ordenaba a los fiscales no considerar delitos de lesa humanidad los cometidos por integrantes de organizaciones armadas. Hoy, ante la decisión de la Cámara de Rosario en la causa Larrabure, Righi ha debido bajar los decibeles de una discusión en la que debería haberse excusado de participar, por ser parte interesada.
Treinta y cinco años después, los familiares de las víctimas del terrorismo continúan su lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos. Temen al ver a algunos de los que los atacaron gozar de la inmunidad que les brindan sus cargos, y esperan que surjan jueces como Quiroga, que enfrenten la inmoralidad jurídica y política y que den testimonio de la valiosa función de un magistrado.
Ese día, quien había sido uno de los jueces de la Cámara Federal en lo Penal pagó con su vida haber juzgado, condenado o absuelto a los terroristas que agredían a la población civil en nombre de una lucha armada que ellos creían justa y necesaria. Quienes debían estar tras las rejas, gozaban de la libertad irrestricta que les había otorgado la amnistía concedida durante el gobierno del Dr. Cámpora, refrendada por quien en ese entonces era ministro del Interior y hoy procurador de la Nación, el Dr. Esteban Righi.
Quiroga caminaba hacia la casa de otro colega, con el cual irían juntos a la cancha a ver un partido de Boca. Pocos metros antes de llegar a destino, dos jóvenes en moto le dispararon y nueve balas impactaron en su cuerpo. Murió asesinado a los 48 años. Sus asesinos, integrantes del ERP 22 de Agosto, escaparon, pero sus nombres quedaron para siempre unidos al crimen: Marino Amador Fernández y Raúl Argemi.
El muerto había sido elegido por sus méritos para integrar la Cámara Federal en lo Penal, un plan innovador para la época, que se adelantó a España e Italia en el juzgamiento de ETA y las Brigadas Rojas. Significó una modernización del sistema, para poder juzgar con celeridad los actos terroristas. Esa Cámara tenía competencia para juzgar todos los delitos calificados como subversivos, garantizando la defensa del imputado. Así, el crimen del empresario italiano Oberdan Salustro pudo ser resuelto en 11 meses. La labor de los jueces no fue de persecución ideológica: la prueba es que no hubo una sola condena por la ley 17.401, de represión del comunismo. Los terroristas ni siquiera eran esposados, como detallaron las crónicas de la época.
Se podrá discutir la oportunidad de iniciar esta experiencia durante un gobierno de facto, pero es incontestable que se respetaron todas las garantías procesales durante el poco más de año y medio de trabajo y que, una vez dictada la amnistía, en mayo de 1973, todos los terroristas que habían sido condenados o estaban siendo procesados fueron liberados y retomaron el camino de las armas.
Los asesinos del juez Quiroga fueron juzgados y condenados a 18 años de cárcel, pero apenas cumplieron unos años. Los restantes miembros de la Cámara Federal en lo Penal sufrieron persecución y amenazas, lo cual provocó que se exiliaran. Al ser desarticulada la Cámara, los terroristas lograron uno de sus más preciados objetivos: la impunidad, porque ningún juez se atrevería en adelante a condenarlos. A 35 años del asesinato de este magistrado, observamos con preocupación que continúan impunes, libres entre los ciudadanos. Algunos ocupan cargos públicos.
El Poder Judicial sigue siendo presionado por algunos de los que en el pasado integraron estas organizaciones terroristas y que hoy, con la suma del poder público, amedrentan a todos los que no responden a su línea argumental en esta tragedia nacional. Otros, simpatizantes de las ideas mesiánicas de los terroristas, aportan su granito de arena a la disolución de uno de los pilares de la República: la independencia del Poder Judicial. Una muestra de la maquinaria creada para garantizar la impunidad de quienes atentaron contra las instituciones del Estado fue la Resolución 158/07, por la cual el procurador Righi ordenaba a los fiscales no considerar delitos de lesa humanidad los cometidos por integrantes de organizaciones armadas. Hoy, ante la decisión de la Cámara de Rosario en la causa Larrabure, Righi ha debido bajar los decibeles de una discusión en la que debería haberse excusado de participar, por ser parte interesada.
Treinta y cinco años después, los familiares de las víctimas del terrorismo continúan su lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos. Temen al ver a algunos de los que los atacaron gozar de la inmunidad que les brindan sus cargos, y esperan que surjan jueces como Quiroga, que enfrenten la inmoralidad jurídica y política y que den testimonio de la valiosa función de un magistrado.
La autora preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas.
http://www.lanacion.com.ar/1122579-sentencia-contra-un-juez
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