¿Qué es ésto, Montonero?
Por Sylvia Colombo - Para el Diario Folha
Han pasado muchas cosas en la vida de Clotilde Barrios, de 57 años, desde aquel martes, 06 de diciembre de 1977: tuvo tres hijos, se divorció, se casó de nuevo, ganó un considerable número de arrugas en la cara y callos en sus manos de metalúrgico.Pero es como si su vida se hubiera fijado en ese día, hace 34 años, cuando el jefe de turno en la fábrica de Avellaneda en el Gran Buenos Aires, lo llamó a toda prisa para darle la noticia recibida de dos médicos: "Su hijo fue baleado, tiene pocas posibilidades". "Llegué al hospital y todo era un desastre. Había policías, muchas personas, mi esposa lloraba. Y mi hijo estaba muerto", dijo Barrios al diario. Juan Eduardo, de 3 años, había acompañado a su madre, que había estado en el banco para pagar una factura de luz en la ciudad donde vivían, Monte Chingolo, en la provincia de Buenos Aires. Al salir, vio un quiosco y pidió un helado.
A continuación, un Torino naranja se detuvo en el lugar. Una mujer asomó el cuerpo por la ventana y abrió fuego. El objetivo era el Cabo Herculano Ojeda, quien trabajaba como custodia en el banco.
El fuego de ametralladora mató a Ojeda, una bala perdida le dió a Juan Eduardo.
Desde el 24 de marzo de 1976, Argentina vivió una feroz dictadura, su sexta en el siglo 20, que duró hasta 1983 y dejaría un vasto saldo de desaparecidos la cuenta varía de 8.000 a 30.000 personas. Juan Eduardo, sin embargo, es víctima de la guerrilla armada, la que podría haber matado a 1355 personas.
"Yo nunca milité. Tuve compañeros en la fábrica que eran Montoneros", dice Barrios, citando a uno de los principales grupos armados de la época. "Estábamos en medio de la dictadura, y cuando yo los escuchaba, simpatizaba con la idea de resistencia que defendían. Hasta el día que mataron a mi hijo y yo percibí el delirio que era aquella guerra"
El cálculo es del Celtyv (Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas), una organización no gubernamental encabezada por la abogada Victoria Villarruel, de 36 años. Creado en 2006, el CELTYV pide el juzgamiento y las reparaciones por los crímenes de la lucha armada, comparándolos con las actividades terroristas en España perpetrados por la ETA vasca, o de Colombia, por las FARC.
Actualmente existen 15 causas abiertas en diferentes provincias, aún sin victorias. ¿Tiene posibilidades de éxito? "Honestamente, creo que no", dice Villarruel. "Sólo continuamos porque no podemos quedarnos callados frente a un gobierno que decidió defender un solo lado de la guerra de los 70 en su discurso sobre los derechos humanos".
BANDERA. De hecho, la bandera fue apropiada por el gobierno cuando Néstor Kirchner (1950-2010) asumió el poder en 2003, cooptó a grupos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los principales movimientos populares que pedían explicaciones por las desapariciones, y anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final promulgadas por Raúl Alfonsín al final de su gobierno. Sin ellas, los agentes estatales que llevaron a cabo torturas y ejecuciones por orden de sus superiores ya no tenían el perdón garantizado.
En un gesto famoso, Kirchner mandó retirar la foto del dictador Jorge Videla de la galería del Colegio Militar. Videla fue a parar a la cárcel, donde está hoy, a los 86 años, condenado a cadena perpetua. Así se inició un amplio proceso de juzgar a las Fuerzas Armadas represivas.
La iniciativa de los Kirchner no incluye la investigación de los crímenes de los Montoneros y otros grupos armados. Al asumir la presidencia, Alfonsín trató de investigar las dos partes, con énfasis en los crímenes de Estado, pero se vio presionado de promulgar leyes de amnistía para ambos lados. Su sucesor, el peronista Carlos Menem (1989-99), concedió indultos que liberaron tanto a generales como guerrilleros.
VIOLENCIA. No es fácil de entender la espiral de violencia política que tuvo el país en los años 70. Quedó en la memoria el atroz aparato represivo que el gobierno militar montó en 1976, después del golpe que derrocó a Isabel Perón. Al tirar prisioneros al mar en los "vuelos de la muerte" o entregar en adopción los bebés nacidos en los sótanos de la tortura se han convertido en símbolos de lo que el Estado fue capaz en materia de crímenes.
Pero esto es sólo una cara de la moneda. Los grupos armados de izquierda como los Montoneros -nombre inspirado en "montoneras" ("guerrilla") del siglo 19, las milicias dirigidos por caudillos- y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) actuaron desde el comienzo de la década. Secuestros, torturas, atentados y asesinatos formaban parte del programa revolucionario.
La radicalización de Montoneros está relatada en la nueva edición argentina de "Soldados de Perón" [Sudamericana, 480 páginas, R $ 34], del historiador británico Richard Gillespie, que narra cómo el grupo actuó para desestabilizar al gobierno antes del regreso de Juan Domingo Perón (1895-1974) desde su exilio en Europa en 1973.
Los Montoneros esperaban que con el regreso del general, fuese implantado el socialismo en la Argentina. Pero la figura de Perón magnetizaba tanto a la izquierda como a la derecha. Cuando regresó al poder en 1973, comenzó a alejarse de los Montoneros, que presuntamente asesinaron al dirigente sindical José Ignacio Rucci.
Muerto en 1974, el general fue sucedido por su esposa y vice, Isabelita, que distaba mucho del carisma y la popularidad de la mítica primera dama Evita. En 1976 fue derrocada por un golpe militar. A lo largo de la dictadura, los Montoneros actuaron en la resistencia.
KIRCHNER. El gobierno de Cristina Kirchner desalienta la investigación de las acciones de la guerrilla, que debido a que son delitos comunes prescriben a los 15 años. Tanto el gobierno de Néstor (2003-07) como el actual, su viuda, ex militantes tienen un papel central. El procurador general de la Nación, Esteban Righi, fue un importante aliado de los Montoneros en el gobierno de Héctor Cámpora (mayo-julio de 1973). Fueron Montoneros el influyente diputado Carlos Kunkel y Horacio Verbitsky, una especie de asesor especial de la Presidencia, acusados de participar en ataques terroristas.
Activistas de derechos humanos y gobierno hablan de alrededor de 30 000 desaparecidos en acción del Ejército. El Informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), del gobierno de Alfonsín, muestra una lista de 7.954 muertos. Las cifras son una fuente de disputa política e ideológica.
Las víctimas del terrorismo de Estado tienen derecho a una indemnización que asciende a US$ 220.000. Para aquellos que han muerto en una acción de las guerrillas no tienen derecho a nada. Rara vez ha habido una compensación por la destrucción de viviendas u otros bienes.
DISCREPANCIA. Interrogada sobre la discrepancia la Secretaría de Derechos Humanos dijo al diario: "Los crímenes de lesa humanidad, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia son aquellos en los que participaron agentes del Estado, no los cometidos por grupos o individuos ajenos al Estado. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, los cometidos por particulares se encuentran prescriptos por el largo tiempo transcurrido".
Los defensores de las víctimas de la guerrilla contestan. Para Javier Vigo Leguizamón, abogado de un grupo de víctimas, es un error clasificar como crímenes comunes los que fueron cometidos por grupos como los Montoneros o ERP. "Hubo una guerra en la Argentina, y estos grupos han cometido un ataque sistemático contra la población civil con intenciones políticas", dijo a la Folha. "Esto debe ser considerado un crimen de lesa humanidad".
Para Villarruel, el terrorismo es el mejor ejemplo de un crimen de lesa humanidad. "El terrorista no es un delincuente común, porque él no está interesado sólo en el robo de su billetera. Querer matar, aterrorizar a la sociedad y que este hecho sea informado, amplificando sus efectos. El objetivo es político, es el Estado."
Desde 2003, el tribunal argentino adopta la definición de crímenes contra la humanidad que se describe en el Estatuto de Roma (1998), interpretando que crímenes del Estado son de lesa humanidad.
Hay quienes cuestionan la aplicación de la ley, argumentando que no es retroactiva. Para Villarruel, sólo el 30% de los asesinatos por los guerrilleros son militares. "En esta versión de la historia, en la que los militares eran malos y los otros sólo militantes románticos, que es lo que el gobierno defiende, la víctima civil tiene que desaparecer. En efecto, si se cuenta su drama, la historia oficial no cierra" , dice.
REPARACIÓN. La italiana Lorenza Ferrari, de 81 años, viuda y enferma, no sabe quién se hará cargo de Abel, su hijo discapacitado cuando ella muera. Hace 35 años, pidió al Estado una reparación por el asesinato de Laura, su hija, que murió a los 18 años en un atentado en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, en 1975. En vano, ha presentado una demanda y envió cartas a los presidentes.
"El discurso de la reconciliación de los gobiernos democráticos, dice que cada lado de la guerra de los años 70 tenía que admitir sus errores y pasaríamos a vivir en paz. Pero y yo, qué error cometí?", pregunta.
Laura no militaba. Según la madre, evitó la educación pública en la Universidad de Buenos Aires porque había una intensa agitación política. Entró en la carrera de Economía en la Universidad de Belgrano, privada. El 8 de septiembre de 1975, ella y sus amigos esperaban a tres compañeros en un coche, en la puerta de la universidad. A continuación, el coche de adelante explotó, hiriendo a todos sus ocupantes y matando a Laura.
Otros ataques también tuvieron blancos civiles, como los secuestros realizados para financiar la lucha o hacer canjes por prisioneros políticos. La abogada Victoria Paz, de 57 años, recuerda la noche en que mataron a su padre, el Ingeniero José María Paz, presidente de un Ingenio azucarero. "Sabíamos que algo podría suceder. Mi familia tenía dinero y vivía en Tucumán, que fue un importante centro de la guerrilla", recuerda. "Recibimos amenazas por meses, pensamos en huir al Brasil, pero mi padre no quería abandonar lo que él había construido."
El 7 de agosto de 1974, José María aterrizó en el aeropuerto de San Miguel de Tucumán, la capital provincial, y en taxi, se dirigía a su casa. El coche fue bloqueado por los Montoneros, que exigieron que Paz los acompañase. Lo tomaron del traje, pero Paz se resistió luchando y salió corriendo. La guerrilla le siguió y le disparó. Auxiliado, Paz fue operado. Mientras tanto, los Montoneros amenazaban invadir el hospital y matarlo. Paz no sobrevivió a las heridas y murió.
"Mi familia ha quedado destruída hasta hoy, mi sobrina de 22 años se suicidó con un disparo después de recibir una llamada de alguien que dijo saber quiénes fueron los asesinos del abuelo y que estaban vivos", dijo Victoria al diario.
Según ella la guerrilla transformó a la provincia de Tucumán en tan violenta que se llegó a celebrar el golpe de Estado. "Creí que las bombas se detendrían, que las muertes no se producirían más. Pero no, la violencia continuó. Cuando la dictadura terminó y sólo entonces supe la proporción de la represión militar, inmediatamente me opuse a ella también."
MILITARES. Entre las víctimas militares, el caso más famoso es el del Coronel Argentino del Valle Larrabure. El 10 de agosto de 1974, fue secuestrado en una fiesta en la Fábrica Militar de Villa María, Córdoba, por la guerrilla del ERP.
Lo tuvieron de rehén durante 372 días, fue torturado y golpeado. Luego fue encontrado muerto en un terreno baldío. La guerrilla dijo que el militar se suicidó. La familia lo niega. Los peritos concluyeron que fue asesinado.
Hay dos versiones para explicar el secuestro: en algunos casos, el ERP quería canjearlo por presos políticos, para otros, el grupo exigió que Larrabure, ingeniero químico, fabricara explosivos para ellos.
Hoy en día, su hijo Arturo, de 52 años, vive en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y lucha por que la historia sea bien contada. En 2007, en una acción sin precedentes, un juez de Rosario volvió a abrir la causa, entendiendo que, por la crueldad y por haber sido producido durante un gobierno democrático, era un crimen de lesa humanidad. La demanda continua.
Arturo, quien contó la historia de su padre en "Un Canto a la Patria" (Buenos Aires ed.), dice que no tiene mucha esperanza de reparación, pero dice que irá a los tribunales internacionales una vez agotadas las instancias en los tribunales argentinos."Cuando veo a todos estos ex guerrilleros en el poder, los casos de corrupción, o escucho que son un gobierno de los derechos humanos, pienso: “Fue por esto que asesinaron a mi padre?".
En "Operación Primicia" (Sudamericana ed.), el periodista Ceferino Reato relata un ataque a los militares en el gobierno de Isabel Perón. Fue el 5 de octubre de 1975, en la provincia de Formosa, en el norte. Montoneros atacó un cuartel después de que secuestró un Boeing de Aerolíneas Argentinas. Ese domingo, los oficiales estaban de franco en su casa. Los soldados, con 21 años promedio cuidaban el cuartel. Hubo 24 muertos: 12 montoneros y 12 militares. Los guerrilleros sobrevivientes huyeron en un Boeing.
La investigación judicial sobre el ataque permanece abierta en un tribunal de Formosa.
En una entrevista al diario Folha, Reato dijo: “Los guerrilleros que murieron en ese ataque tienen monumentos en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares recibieron indemnizaciones millonarias, en cambio los soldados muertos allí no son recordados por nadie en su país y sus padres sobreviven en la miseria, recibiendo una pensión bajísima. La diferencia entre un guerrillero muerto a un soldado muerto es para el Estado Argentino, infinitamente mayor".
ARAMBURU. Entre los crímenes contra los militares, el más célebre es el asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, quien participó en el golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955 y gobernó Argentina hasta 1958.
Aramburu fue secuestrado de su casa en Buenos Aires el 29 de mayo de 1970, por montoneros disfrazados de militares. Sometido a un “juicio popular" fue ejecutado.
El líder del grupo, Mario Firmenich, participó en la operación. Al final de la dictadura, fue arrestado, pero recibió un indulto en la época de Menem y ahora vive en Barcelona. "Firmenich fue liberado como Videla. Eran leyes diferentes, pero si sirvió para uno debería servir para el otro", dice Villarruel, del Celtyv. En vano, la abogada intentó pedir una solicitud de extradición para que Firmenich sea juzgado en Argentina.
CLAMOR. El clamor por la reparación de los crímenes de la guerrilla se ha incrementado. Para Villaruel y Larrabure la explicación es que durante muchos años, las víctimas se encontraban destruidas y no se atrevían a reclamar por sus derechos. Sin embargo, hay quienes piensan que esto sólo ocurre por la narrativa polarizada que el gobierno K hace de los años 70.
"Estas víctimas sólo están hablando ahora debido a la presión de los grupos de derecha, para perjudicar a Cristina [Kirchner]. No me parece sano para el país en este momento que empecemos a ver a los militares como víctimas", dice el escritor y ex Montonero Martín Caparrós.
El periodista Jorge Lanata está de acuerdo. "Legalmente, el Gobierno tiene razón. Podría haber habido una mejor distribución de las reparaciones, porque eso fue realmente muy caótico. Pero el gobierno tiene razón al afirmar que un crimen del Estado es más grave que el de un crimen de un civil y darle más importancia a eso."
Reato rebate: "Hay una hegemonía del relato único del gobierno, de que sólo el Estado procedió mal y que esta gestión está reparando todas las atrocidades, pero lo que están haciendo es suprimir la responsabilidad de los guerrilleros convirtiéndolos en víctimas comunes. Eso no es cierto. La historia está siendo muy mal contada".
Para Vigo Leguizamón, si no se hace algo, las generaciones posteriores verán a los guerrilleros de forma dulce, como héroes románticos. "Si los libros escolares siguen contando la historia así, de aquí a una o dos generaciones los argentinos pueden encontrar que tomar las armas contra el gobierno es lo correcto".
TODOROV. Durante su visita a la Argentina en el 2010, el intelectual búlgaro Tzvetan Todorov criticó la transformación ideologizada y maniqueísta de los guerrilleros en víctimas pasivas, impidiendo una comprensión crítica. Dice que los argentinos se preocupan más con la memoria que con la historia.
Extrañó no ver explicaciones sobre el contexto en el cual aquellas personas murieron durante una visita a la ESMA (Escuela de Suboficiales de la Armada), principal lugar de tortura argentina y al Parque de la Memoria, que registra un monumento con el nombre de los desaparecidos entre 1969 y 1983.
El del niño Juan Eduardo Barrios, que murió a los 3 años en Monte Chingolo, mientras compraba un helado, no estaba allí.
El artículo fue publicado el Domingo 2 de octubre de 2011, en el Diario Folha de Brasil.
